La Abogacía se compromete a defender el secreto profesional, incluso para los abogados de empresa, a liderar la regulación de la formación especializada y exige el respeto a las normas que regulan las instituciones jurídicas. Esas son algunas de las principales conclusiones de la Declaración Final de las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía.

El documento fue aprobado al final de tres días de sesiones, en las que se abordaron los principales retos que enfrenta actualmente la profesión y la manera en que ésta puede contribuir al progreso social y el fortalecimiento democrático.

En dicho texto, la Abogacía se compromete a exigir a los poderes el “máximo refuerzo” del secreto profesional “para todas las formas de ejercicio profesional, lo que incluye la abogacía de empresa, abarcando además de las funciones de dirección y defensa en todo tipo de procesos, el asesoramiento y consejo jurídico preprocesal”.

La declaración también aclara que no puede justificarse, ni legitimarse, la intervención de las comunicaciones entre letrado y cliente, ni tan siquiera cuando se trate de los supuestos indirectos de “grabaciones por arrastre”. Y enfatiza asimismo la importancia de la “confidencialidad de las comunicaciones en las relaciones entre abogados”.

La formación continua y la especialización son una prioridad para los Colegios de la Abogacía, que deben liderar la implementación de “un sistema que reconozca y acredite especialidades en el ejercicio profesional para una prestación a la ciudadanía de servicios legales de calidad, como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, facilitando a los usuarios la elección de abogados especializados debidamente acreditados”.

Sobre la regulación de la publicidad, la Abogacía apuesta por un Código de Conducta de adhesión voluntaria en el que se establece la autorregulación con el fin de favorecer “un mensaje publicitario de nuestros servicios profesionales veraz y lícito, con escrupuloso respeto de la Ley general de la publicidad, la ley de defensa de la competencia, la ley de competencia desleal y las exigencias de la regulación de los derechos de consumidores”.

Las Jornadas de Juntas de Gobierno no han sido ajenas a la actual situación de crisis de las instituciones, por lo que la Declaración reclama “el respeto a las normas que las regulan, tanto en su composición como en su funcionamiento y necesaria renovación”.

Y la Abogacía reivindica su papel como “interlocutores imprescindibles que debemos participar e intervenir en los debates públicos que afecten a la defensa del Estado social y democrático de Derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos”. Y ofrece su colaboración en la necesaria reforma estructural de la Justicia española.

En materia de la Asistencia Jurídica Gratuita, se reclama “máximo apoyo de los poderes públicos con una actualización normativa y de baremos, agilidad y puntualidad en los pagos, eliminación de desequilibrios territoriales y dignificación de este servicio”.

Y en relación a la lucha por la igualdad, la Abogacía se compromete a “redoblar el esfuerzo” y asegura que “se hace imprescindible aprobar las reformas legales que reclamamos en nuestro sistema de justicia para facilitar la conciliación laboral, regulando las suspensiones de vistas y plazos procesales en los supuestos de maternidad, paternidad y adopción, y la inhabilidad y desconexión digital en períodos vacacionales”.

Y para finalizar se recoge el apoyo al talento joven, “luchando contra la precariedad, las prácticas abusivas o promoviendo un sistema de acceso más idóneo para el ejercicio”. Y también el compromiso con sostenibilidad. “Tenemos que desarrollar fórmulas para no poner en peligro nuestras propias vidas convenciéndonos de que es posible lo imposible. Estamos dispuestos a conseguir más con menos. Las metas, aunque sean pequeñas, hacen que las cosas imposibles se hagan posibles”.