DECLARACION DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA:

POR UN PACTO PARA MEJORAR LA JUSTICIA GRATUITA Y EL TURNO DE OFICIO

05-04-2023. L La difícil situación que vive el sistema judicial en España se ha agravado a consecuencia de la crisis pandémica, unido a la crónica desatención dispensada por los poderes públicos. A una mayor saturación de la Justicia se le suma el deterioro constante de las condiciones en las que trabaja un colectivo clave para garantizar el derecho de defensa de la población más vulnerable, como es la abogacía que ejerce en el Turno de Oficio y Justicia Gratuita, que hace plenamente eficaz el mandato constitucional del art. 24 de la Constitución Española.

Por lo anterior, desde el Consejo General de la Abogacía Española, órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de la Abogacía de España, y en representación de los más de 150.000 abogados y abogadas de nuestro país, creemos necesario que las Administraciones Públicas, instituciones y formaciones políticas impulsen un Pacto para mejorar la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio.

Los ejes esenciales de tal acuerdo deberían avanzar en los siguientes aspectos:

Dignificación, accesibilidad, transparencia y atención para una mejor calidad de la Justicia: establecer instrumentos que protejan de manera efectiva la calidad en el trato a los profesionales y a la ciudadanía en las actuaciones ante el sistema judicial.

Retribución digna de las actuaciones realizadas por los profesionales de la abogacía que prestan los servicios de la Justicia Gratuita a través del Turno de Oficio, y su actualización conforme el IPC.

Reconocimiento, y consecuente compensación, de todas las actuaciones de los profesionales de la abogacía en las intervenciones derivadas del Turno de Oficio.

Promover los acuerdos extrajudiciales en detrimento de la litigiosidad en la regulación de la Justicia Gratuita, e incluso incentivando económicamente lo anterior.

Garantizar, en todo caso, que las actuaciones de los profesionales de la abogacía que hayan de ser asumidas por imperativo legal o judicial, a través del Turno de Oficio, obtendrán la correspondiente compensación económica.

Garantizar el acceso de los ciudadanos al sistema de Justicia Gratuita y, para ello, establecer como criterio el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en sustitución del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita.

Conseguir que las Comisiones de la Administración responsables de la concesión del beneficio de justicia gratuita actúen con criterios equiparables entre ellas, evitando disparidades e incluso contradicciones.

Modernización de la Justicia: finalizar la implantación de los medios telemáticos a nivel policial y judicial en todas las jurisdicciones e instancias.

Creación de turnos de oficio especializados en materia de protección internacional en aquellos territorios con mayor número de solicitudes (entre otros, zonas de llegadas marítimas, aeropuertos internacionales y CIES). Una vez creados, deberá promoverse entre la abogacía formación obligatoria y gratuita para acceder a los turnos de oficio de extranjería y protección internacional exigible a través de su normativa reguladora.

Reducción de las cargas burocráticas para los profesionales de la abogacía y para las organizaciones colegiales en orden a la justificación de las actuaciones derivadas del Turno de Oficio y Justicia Gratuita, así como exigir a las Administraciones territoriales y órganos judiciales su corresponsabilidad en las tareas de la gestión.

Estas reivindicaciones, necesarias para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, son fruto de la preocupación de los Colegios de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y su Consejo General por la situación que afrontan día a día los profesionales del Turno de Oficio y Justicia Gratuita, y serán abordadas en las sesiones deliberativas del XIII Congreso Nacional de la Abogacía, que tendrá lugar los días 3 y 5 de mayo en Tarragona.

Desde la abogacía española instamos a las administraciones públicas con competencia en materia de justicia, al resto de instituciones y a los partidos políticos a trabajar para alcanzar un Pacto que responda a las necesidades del servicio público de Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, y de los profesionales que prestan este servicio.